Regulación de los contratos menores en Ayuntamientos como el de Ribamontán al Mar

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público se consideran contratos menores aquellos cuyo importe es inferior a 40.000 euros, si se trata de obras,  o inferior a 15.000 euros, si se trata de suministros o servicios (hasta ahora los umbrales estaban fijados en 50.000 y 18.000 euros respectivamente, y siempre sin contar con el IVA).

Contratos menores

La competencia para los contratos menores las tiene el Alcalde (salvo que sobrepasen los límites fijados en la Ley) y deben realizarse con empresarios “que tengan capacidad de obrar y habilitación profesional”.

El procedimiento exige informe motivando la necesidad del contrato, la aprobación del gasto, la incorporación de la factura y, en los casos de obras, se debe añadir el presupuesto de las mismas (sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea exigible por normas específicas).

Además de todo lo anterior, se debe incorporar otro informe justificando que el contratista no ha suscrito más contratos menores que conjuntamente alcancen los 40.000 euros para obras y los 18.000 euros para suministros y servicios.

Por último y no menos importante, deben ser publicados en el Perfil del Contratante, al menos cada tres meses.

Contratos mayores

En cambio para los contratos mayores la Ley exige llevar a cabo un expediente de contratación mucho más exigente y adjudicarlos mediante licitación pública. Esto implica un proceso más largo, pero así se garantiza una gestión más transparente y se favorece una competencia empresarial que tiende a reducir el coste final de la obra.

¿Os suena lo de fraccionar contratos?

El Art. 99.2 de la Ley de Contratos del Sector Público dice que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.